* La última reunión fue
en mayo de 2017, ante la amenaza de eliminación, por parte del Consorcio
Metropolitano de Transportes, de la única parada ubicada en el cruce Mairena
del Alcor-Brenes (SE 3105. Km. 521), que afecta a más de 1.000 vecinos
* La Comunidad de
Propietarios de La Celada no ha recibido, hasta la fecha, respuestas favorables
por parte del órgano de transportes, conocedor de la situación de abandono que
viven estas personas
Los vecinos de La Celada llevan muchos
años luchando por lograr actuaciones en el transporte público, solicitando, por
distintas vías, un esfuerzo por parte de todas las Administraciones implicadas,
para disfrutar de un derecho básico, recogido, por ejemplo, en la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres.
Una batalla, sin frutos hasta hoy. La
última reunión fue en mayo de este mismo año, cuando una representación de
vecinos trasladó al Consorcio Metropolitano de Transportes sus necesidades,
llegando a proponer la disposición de la Comunidad de Propietarios para asumir,
de forma privada, el coste de una línea de transportes de calidad; o bien, un
impulso por parte del propio órgano, incluyendo las peticiones de La Celada en
próximas concesiones.
Esta realidad no es nueva. Desde 2014,
los vecinos de La Celada están denunciando la situación de desamparo que viven,
al carecer de un transporte público regular y de calidad, que les permita una
comunicación fluida con Carmona y Sevilla. Entonces, lo hicieron a través de la
Unión de Consumidores de Andalucía (UCA).
Desesperados, en 2015 trasladaron la
situación al Defensor del Pueblo Andaluz, ya que las deficiencias del
transporte público afectan al día a día de las familias, que tienen problemas
para acudir a actividades cotidianas como una cita médica o un centro
educativo.
En La Celada viven familias, de forma
permanente, desde la década de los 70, congregándose allí un núcleo poblacional
cercano a las 4.000 personas, la mayoría de elevada edad y con dificultades
para poder desplazarse.
Los vecinos, insisten en que "los
carmonenses, vivan donde vivan, ya sea en el centro del municipio, en barrios o
en urbanizaciones" siguen confiando en conseguir que se cumplan los
principios recogidos en la Ley de
Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en
Andalucía. Los transportes públicos son un servicio de interés general, al
servicio de los ciudadanos, que como se deduce en la legislación, su objetivo
no es otro que favorecer y garantizar
la intermodalidad, la movilidad y el bienestar social de las personas.
Estos argumentos parecen no ser
suficientes para los regidores, que han hecho caso omiso a las demandas de los
vecinos, amparándose en recortes presupuestarios o simplemente 'despejando
balones', eludiendo sus responsabilidades.
Cabe recordar que EL TRANSPORTE
PUBLICO ES UN DERECHO Y NO UN SERVICIO EXTRAORDINARIO. Es lo justo que recoge
la ley para poder disfrutar de unos servicios mínimos, como cualquier ciudadano
de cualquier ciudad de Andalucía.
Los vecinos están a la espera de una
nueva reunión con el Delegado de Fomento y Transportes de la Junta de
Andalucía, con quien ya se reunieron en enero de 2017. Ambas partes se
emplazaron a este mismo mes para conocer las soluciones que aporta la Junta de
Andalucía a este problema.
